A seis meses del colapso de Conexión Ganadera, los abogados Graciana Abelenda y Juan Pablo Decia, que representan a más de 500 inversores damnificados, reclamaron un giro urgente en la actuación judicial.

En entrevista con En Perspectiva, ambos abogados denunciaron que la trama del caso no se limita a tres personas, sino que involucra un conglomerado de al menos 20 empresas y múltiples responsables que aún no han sido alcanzados por los embargos.

“Esto fue un castillo de naipes. Un esquema que se sostenía en la confianza, y cuando esta se quebró, todo se vino abajo”, resumió Decia. La descripción se refiere a lo que ambos califican como un modelo piramidal disfrazado de inversión ganadera, en el que los intereses se pagaban con la entrada de nuevos inversores, sin respaldo real en animales.

Desde enero, cuando se declaró el concurso, se sucedieron medidas clave: se designó un síndico, se ordenó una auditoría del Ministerio de Ganadería, se trabó un embargo por US$ 250 millones y se inició la subasta pública de animales. Además, avanza el incidente de calificación del concurso, un paso decisivo para determinar si la caída fue fortuita o si responde a maniobras dolosas.

Abelenda sostuvo que el caso tiene todos los rasgos de una quiebra culpable, lo que habilitaría imputaciones penales y responsabilidad patrimonial directa. También remarcó que la ruta del dinero conduce a un entramado más amplio, que incluye empresas como Conexión Genética, CG Tracking, y marcas como Straivarius, además de sociedades anónimas vinculadas a familiares de los fundadores.

En sede penal, las denuncias superan las 200 y ya declararon como imputados varios mandos medios de la organización. Sin embargo, sólo están embargados los tres directores principales: Pablo Carrasco, Ana Yevdyukov y Daniela Cabral. Para los abogados, esto es insuficiente. “La fiscalía tiene el deber legal de embargar a todos los implicados para asegurar el cobro a las víctimas”, enfatizó Decia.

Abelenda explicó que hasta 2016 o 2017 el dinero efectivamente se destinaba a la compra de ganado, pero luego se desvió a compras inmobiliarias, marcas comerciales y otros fines no autorizados. Señaló que el 80% de los contratos estaban bajo la modalidad de “terneros”, sin ganado asociado ni posibilidad de control por parte del inversor. “Aparecieron 7.000 caravanas en un galpón. Muchos animales nunca existieron”, denunció.

Además del proceso concursal de Conexión Ganadera, se tramitan otros concursos vinculados, como el del escritorio Basso-Cabral, la sucesión de Gustavo Basso y la declaración de conjunto económico que permitiría “abrazar todos los patrimonios” involucrados. Según Abelenda, ya se identificaron al menos 10 empresas concursadas, y el número podría duplicarse.

En paralelo, los abogados han detectado maniobras dilatorias por parte de las defensas, con recursos reiterados y sin fundamentos de peso. “Intentaron que el de la sucesión fuera el socio de su abogado. Incluso presentaron recursos fuera del régimen previsto por la ley concursal”, relató Decia. En un caso, la justicia condenó en costas a la viuda de Basso por actuar con “mala fe y malicia temeraria”.

El listado definitivo de acreedores aún no fue publicado. La verificación de créditos cerró el 24 de abril, pero los plazos se extendieron por la enorme cantidad de documentación. Los abogados acudieron al juzgado con valijas de hasta 50 kilos de papeles, y el trabajo de foliado y cosido sigue en curso. El síndico presentó una prórroga y se espera que el informe final esté listo dentro de un mes.

Hoy el déficit estimado ronda los US$ 180 millones, aunque podría ser mayor. El informe original del contador Ricardo Giovio hablaba de activos por US$ 150 millones, pero buena parte de ese monto se basaba en animales inexistentes o créditos incobrables. El cálculo definitivo dependerá de lo que se recupere tanto en la vía concursal como en la penal.

“El objetivo es claro: que nada se escape”, afirmó Abelenda. El artículo 58 de la ley de lavado de activos permite que los bienes decomisados vuelvan a la masa concursal, algo que los abogados consideran vital para maximizar los recuperos. También señalaron que no sólo los inversores son acreedores: hay empleados, arrendadores y proveedores afectados.

“Vamos por todo, incluso fuera del concurso”, advirtió Decia. Y aunque no se animan a estimar porcentajes ni plazos, confían en que la combinación de acciones coordinadas entre la fiscalía, el síndico y los abogados de víctimas permitirá alcanzar bienes ocultos y responsabilizar a todos los implicados.

Ambos concluyeron que más allá del dinero, sus clientes quieren saber la verdad. “La gente necesita entender cómo fue engañada. Muchos sienten culpa por haber confiado. Y no la tienen”, subrayó Abelenda. La justicia tiene ahora la palabra.