El directorio de Antel resolvió dar de baja un plan comercial aprobado en 2024 y que ofrecía tarifas mayoristas para que empresas cableoperadoras utilicen la infraestructura de fibra óptica del ente.

Esto había sido un constante reclamo del Frente Amplio sobre el fin de la gestión anterior, y tuvo lugar en consonancia con la habilitación en 2022 de licencias clase B para cableoperadores de Montevideo por parte de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación, lo que le permitía a las empresas brindar servicios de transmisión de datos.

Según señaló Gustavo Gómez, exdirector frenteamplista de Telecomunicaciones, la empresa revocó “un plan de tarifas mayoristas (más ancho de banda, más baratos) aprobado el 15 de agosto de 24 con nuevos servicios para cableoperadores”. Esto, según sostuvo a través de X, llevará a que la empresa “ya no alquilará varios tramos de su red de fibra óptica a la competencia”.

El plan comercial aprobado en agosto del año pasado implicaba que Antel cobrara una tarifa mayorista de internet, que permitirá a los cableros emplear su infraestructura, con excepción del último tramo de cableado hasta los hogares de los clientes, una instancia conocida como “la llamada última milla”, que debería ser cubierto por las empresas con sus inversiones propias.

Días antes, el 5 de agosto, el Poder Ejecutivo otorgó una licencia clase C a Unired Digital, una sociedad integrada por TCC, NuevoSiglo y Montecable, para “la instalación en el ámbito del departamento de Montevideo, de enlaces, medios y sistemas de telecomunicaciones para su provisión o arriendo a licenciatarios de servicios de telecomunicaciones”. Estas resoluciones fueron criticadas por el Pit-Cnt y por Frente Amplio.

La directoria de Antel por la oposición, Laura Raffo, dijo que la resolución del actual directorio, tomada el 15 de mayo, fue que dejará de funcionar “un plan comercial que vendía servicios de internet a privados, que podía ser usado por cableoperadores, pero que nunca había sido contratado por ninguno de ellos”, según expresó en declaraciones a Canal 5.

Raffo, por otro lado, reafirmó que “no se revoca ningún tipo de licencia”, ya que “no es potestad de Antel revocar esas licencias, ni tampoco es potestad de Antel otorgar esas licencias”.

En la misma línea, la nacionalista dijo a Canal 12 que esas condiciones comerciales estaban vigentes desde 2024, y que podían ser utilizadas por cableoperadores, pero “nadie las había adquirido”. “Esas condiciones comerciales se dieron de baja”, finalizó.

El actual directorio de Antel también resolvió la no renovación de un contrato con los canales 4, 10 y 12 para que los privados vendan su señal a Vera TV a un costo de US$ 1,2 millones anuales por cada una de las señales, lo que fue celebrado por el Sindicato Único de Telecomunicaciones.