El sistema político uruguayo reaccionó a la decisión de la Corte Suprema de Argentina, que el pasado martes rechazó el recurso presentado por la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) y dejó firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, dictada contra ella en 2022 por irregularidades en la concesión de obras viales.
El senador Sebastián Da Silva expresó: “Chorra y empobrecedora del país más rico del mundo”. “Nosotros siempre del lado correcto de la historia”, agregó.
Por su parte, la senadora Graciela Bianchi reconoció al fallecido Jorge Lanata, quien estuvo a cargo de la investigación periodística que desencadenó en la condena de la Justicia, y a la exlegisladora Elisa Carrió.
Desde otra óptica, horas más tarde, la diputada del Movimiento de Participación Popular Margarita Libshitz también se pronunció al respecto. “Proscribieron a Lula y creyeron que iban a poder borrarlo. Hoy es presidente. Distintos países, los mismos modelos. ¡No aprenden! ¿No conocen a su propio pueblo?”, escribió en su cuenta de X. En la misma línea, la senadora frenteamplista Costanza Moreira expresó: “Duele Argentina”.
“Ante la grave crisis institucional que vive Argentina tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de ratificar la condena de la expresidenta Cristina Fernández, que implica seis años de prisión, su inhabilitación para ser candidata y ejercer cargos públicos, expresamos nuestro rechazo a la utilización de la Justicia como arma política y nuestra preocupación por la degradación democrática que vive nuestro país hermano como resultado del accionar del gobierno de ultraderecha encabezado por Javier Milei y las clases dominantes argentinas”, escribió el comité ejecutivo del Partido Comunista de Uruguay.
En esa línea, el sector del Frente Amplio afirmó que “el proceso contra la expresidenta argentina estuvo viciado de nulidad y obedeció a una clara y explícita intención política de proscribirla”.
En ese sentido, el Partido Comunista sostuvo que la situación de Fernández significa “un nuevo caso de lawfare judicial, que tiene varios y graves antecedentes en nuestro continente”.
“Sectores políticos y populares argentinos están movilizados en defensa de la democracia que consideran en peligro; les manifestamos nuestra solidaridad”, concluye el comunicado.
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