Conexión Ganadera: por qué abogado apunta al lavado de activos como delito clave a imputar

Al tiempo que el fiscal Enrique Rodríguez adelantó que pedirá la formalización antes del 1° de julio de Pablo Carrasco, Ana Iewdiukow y la viuda de Gustavo Basso por estafa en el caso Conexión Ganadera, los abogados defensores de los damnificados han remarcado que podrían ser imputados también por otros delitos.

Entre ellos, el abogado Juan Pablo Decia puso especial énfasis en el lavado de activos. ¿Por qué? Según explicó el jurista a Montevideo Portal, formalizar la investigación por lavado de activos “implica que sea preceptivo para el fiscal pedir la prisión preventiva, ya que en estos delitos se presume el riesgo de entorpecimiento de la investigación y el riesgo de fuga”.

Además señaló que “la investigación por lavado es la vía para incautar bienes producto de las actividades ilícitas precedentes, para luego volcarlas al concurso en beneficio de las víctimas”, en este caso los inversores.

“El fiscal tiene el deber legal de investigar el componente económico financiero de los delitos precedentes del lavado, y en base a ello el mandato legal de formalizar la investigación por los delitos de lavado, de conversión, transferencia, posesión y tenencia de bienes adquiridos a través de las actividades ilícitas”, argumentó Decia en diálogo con Montevideo Portal.

Además de lavado de activos y estafa, según el abogado, los implicados también podrían ser formalizados por apropiación indebida, quiebra fraudulenta y asociación para delinquir, según dijo este martes en Desayunos Informales (Canal 12). Allí Decia sostuvo que “si se imputa solamente un delito de estafa es un escándalo”.

Del mismo modo, argumentó que la apropiación indebida, la quiebra y la estafa son delitos precedentes del lavado de activos, por lo que fiscal tiene “la obligación” de indagar sobre las proyecciones de la actividad delictiva, y por tanto deben “rastrear todos los activos que puedan ser consecuencia de la actividad ilícita”.

De cualquier modo, en caso de no imputarse el lavado de activos, la Fiscalía podría probar en la audiencia un eventual riesgo de fuga o el potencial entorpecimiento de la investigación, para llegar a la prisión preventiva. Sin embargo, no sería algo que funcione como una “regla” como si fuera formalizado por lavado, explicó Decia.